PRIMERO.- Los hechos probados que anteceden se han extraído de los documentos aportados y reconocidos por las partes, singularmente del expediente administrativo, así como de los documentos que se aportan con la demanda y en el acto del juicio, en relación con las propias alegaciones de las partes, apreciados críticamente ( artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social -LRJS-).

SEGUNDO.- Se plantea el presente procedimiento de conflicto colectivo por el sindicato UGT, pretendiendo la nulidad o subsidiariamente la improcedencia de la decisión patronal de suspensión de 32 contratos de trabajo rotativamente.

La empresa solicitó en primer término la desestimación de la demanda por falta de agotamiento de la vía previa. Sostiene la parte demandada que se ha incumplido la exigencia del artículo 63 LRJS. Dicho precepto establece que será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación. Ello significa que ciertas pretensiones sólo pueden ser formuladas ante el órgano jurisdiccional una vez que se haya superado el trámite de conciliación o mediación previa.

El artículo 156.1 de la misma norma dispone que será requisito "necesario" para la tramitación del proceso de conflicto colectivo el intento de conciliación o de mediación en los términos previstos en el antedicho artículo 63.

El apartado 3 del art. 81 LRJS contiene la específica y literal estipulación siguiente en materia de subsanación relacionada con el trámite preprocesal del intento de conciliación previa: "Si a la demanda no se acompañara certificación del acto de conciliación o mediación previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no haberse celebrado en plazo legal, el Secretario judicial, sin perjuicio de resolver sobre la admisión y proceder al señalamiento, advertirá al demandante que ha de acreditar la celebración o el intento del expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado".

Efectivamente, este Juzgado advirtió la omisión en la que incurrió la demanda, ordenando subsanar la misma. El sindicato accionante presentó documento acreditativo de haber presentado en fecha 30 de abril de 2020 solicitud de inicio de procedimiento de conciliación-mediación ante el SERLA, por UGT frente a LLORENTE BUS, S.L., que concluyó dando por cumplido el intento de conciliación en el mismo día. La demanda iniciadora del presente procedimiento se presentó en fecha 22 de abril de 2020.

Esto implica que la parte demandante inició el proceso sin haber cumplimentado el trámite previo y necesario en que consiste el intento de mediación o de conciliación ante el servicio administrativo competente. Y esa ausencia de satisfacción del aludido trámite es insubsanable, cual así surge de la preceptiva norma procesal antes citada y de la finalidad misma del intento de conciliación.

En efecto, si ese requisito de procedibilidad tiene la utilidad que supone la evitación del litigio jurisdiccional, esto es, la evitación de la puesta en funcionamiento del costoso, sobrecargado y lento servicio público de la Administración de Justicia, servicio que debería por ello ser tenido como instrumento de último recurso para la solución de conflictos, esa utilidad queda entonces burlada y desaparece si se inicia el proceso sin haber intentado su evitación. La concesión por el legislador procesal de un plazo de quince días para subsanar el defecto consistente en la ausencia de acreditación de que se llevó a cabo o se intentó la conciliación o la mediación, es regla procesal que cobija sin duda la posibilidad de que se inste la conciliación o la mediación en el mismo momento de formularse el escrito de demanda, posibilidad que tampoco fue satisfecha en el supuesto aquí examinado.

Este razonamiento conlleva ya la desestimación de la demanda.

TERCERO.- Sin embargo, esta resolución judicial va a proceder a entrar en el fondo del asunto, a efectos de un ulterior recurso de suplicación.

En el acto del juicio ya se determinó que la cuestión debatida era de índole jurídica estrictamente, en el trámite de fijación de cuestiones controvertidas, con anuencia de las partes.

Y es que en efecto, una única alegación de carácter impugnatorio contiene el escrito de demanda, en su hecho séptimo: la imposibilidad por parte de la empresa demandada, contratista del sector público, de tramitar el expediente administrativo de suspensión de contratos temporales.

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en su exposición de motivos refiere que " En concreto, las medidas adoptadas en este real decreto-ley están orientadas a un triple objetivo. Primero, reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad. En efecto, más allá de las medidas específicas de apoyo a los ciudadanos y familias afectadas por la presente situación excepcional, es preciso adoptar medidas que proporcionen la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas con el fin de favorecer el mantenimiento del empleo y reforzar la protección de los trabajadores directamente afectados." Por tanto, el RD estima que facilitar y especificar medidas de aplicación a los ERTE de suspensión de contratos o reducciones de jornada por causa de las medidas del estado de alarma supone una medida de mantenimiento del empleo, y por tanto, no entendida ésta como conservación del puesto en el sentido de continuar la relación laboral con plena disponibilidad y pago de salarios por el empleador.

En cuanto a las medidas en contratos públicos, la exposición de motivos establece lo siguiente: " En cuarto lugar, se establecen medidas para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo la resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que integran el sector público y evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades autónomas o las entidades que integran la Administración local y todos sus organismos públicos y entidades de derecho público tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo.

Para evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las CCAA o la Administración local para combatirlo puedan dar lugar a la resolución de contratos del sector público se prevé un régimen específico de suspensión de los mismos."

En primer lugar, el epígrafe del Capítulo II, " Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos", refiere en su artículo 22 " Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.

1. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre."

El artículo 34, trata de las " Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19", incluido en el epígrafe del Capítulo III titulado " Garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación".

Dicho art. 34, regula las suspensiones de: a) apartado 1, contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho, si bien, previa solicitud para ello por el contratista; b) apartado 2, contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el apartado anterior, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación se lo concederá, correspondiéndole el derecho al abono de los gastos salariales adicionales; c) apartado 3, contratos públicos de obras, vigentes siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación, o una ampliación del plazo, en ambos casos, con conceptos indemnizables; d) apartado 4, refiere que en los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

En el apartado 1, incluye un párrafo que, si bien se incardina en dicho apartado 1, lo refiere a todo el artículo, estableciendo que " No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en elartículo 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público." Y que " La suspensión de los contratos del sector público con arreglo a este artículo no constituirá en ningún caso una causa de resolución de los mismos"

Del mismo modo, el apartado 3, incluye el mismo párrafo que, igualmente, si bien se incardina en dicho apartado 3, lo refiere a todo el artículo, de nuevo, al decir que " No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208, ni en el artículo 239 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220, ni en el artículo 231 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público."

También refiere otro párrafo, que alude a la totalidad del artículo, pero igualmente lo incardina en dicho apartado 3, cuando dice que: " El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios que se contempla en este artículo únicamente tendrá lugar cuando el contratista adjudicatario principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:

- Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.

- Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en losartículos 216y217 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a fecha 14 de marzo de 2020."

El Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID- 19, no modifica ni especifica otras cuestiones sobre la suspensión de los contratos públicos o sus consecuencias más allá de la prohibición del artículo 2 de que " La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22y23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido".

CUARTO.- Teniendo en cuenta la normativa anterior, aplicable al caso, se impugna la decisión empresarial, instando la nulidad de la misma, por una única causa: entienden los demandantes que de conformidad con lo establecido en el art. 34 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, en lo referente a las medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19, no se podrán entender incluidos dentro del acuerdo de suspensión los trabajadores de las actividades de la empresa por la que se realicen prestaciones a distintas entidades pertenecientes al sector público, en el sentido definido en el art. 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UD, de 26 de febrero de 2014.

Sin embargo, esta norma, ni la referida en el precedente fundamento excluyen la posibilidad de acudir a la suspensión temporal de empleo, con el fin de acomodar la plantilla a la reducción del servicio público, lo que se regula en dicha norma es que el contratista tendrá derecho a solicitar el reequilibrio económico del contrato, siempre y cuando se den los supuestos previstos en la normativa de aplicación para poder acudir a esta medida.

Ello es así por la falta de prohibición expresa de la norma, del art 34, y a mayor abundamiento, la dicción normativa hace referencia a "gastos salariales que efectivamente hubiera abonado", de lo que se deduce que el precepto admite la posibilidad de que la empresa haya adoptado alguna medida que le exima del pago de salarios, como la suspensión de la eficacia contractual de los trabajadores afectados.

De ello se deriva, constituyendo ésta la única causa de la impugnación de la decisión empresarial, la desestimación íntegra de la demanda.