I.
INTRODUCCIÓN
Como es sabido, una de las grandes novedades que introduce la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (LA LEY 4993/2015), por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (LA LEY 3996/1995) (BOE núm. 77, de 31.3.2015), consiste en suprimir las faltas (Libro III del CP), pasando algunas de ellas a constituir infracciones administrativas, o ser perseguibles por la vía civil, y otras a constituir delitos leves. El tradicional binomio de delitos (graves y menos graves) y faltas desaparece, siendo ahora todas las infracciones penales previstas por el CP constitutivas de delito, ya sea grave (1) , menos grave (2) o leve (3) (art. 13 CP (LA LEY 3996/1995)), según se castigue con penas graves (4) , menos graves (5) o leves (6) (art. 33 CP (LA LEY 3996/1995)).
Y me pregunto: ¿Esta nueva clasificación sustantiva de los delitos también va acompañada de una nueva clasificación —procesal— de los delitos, atendida su perseguibilidad (7) ?
El propio Preámbulo de la indicada LO 1/2015, de 30 de marzo (LA LEY 4993/2015), proporciona ciertas «pistas» —menos de las deseables y en términos poco adecuados, desde mi punto de vista— al postular que «la desaparición de las faltas, y la adecuación de los tipos penales que ello comporta, no impide mantener la diferenciación en el tratamiento de los delitos relacionados con la violencia de género y doméstica, con el fin de mantener un nivel de protección más elevado. De este modo, aunque la nueva categoría de delitos leves requiera, con carácter general, de la denuncia previa del perjudicado, este requisito de perseguibilidad no se va a exigir en las infracciones relacionadas con la violencia de género y doméstica. Tampoco se exigirá denuncia en estos casos para la persecución del nuevo delito de acoso» (apartado XXII del Preámbulo, 4.º párrafo).
Se trata de un texto con ciertas «pistas» sobre el que nada decía el originario Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal remitido al Congreso de los Diputados (8) y que fue introducido ex novo por el Dictamen de la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (LA LEY 3996/1995), y escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno (9) .
Con una simple lectura, a priori podría incorrectamente interpretarse que, en principio, los nuevos delitos leves (anteriores faltas) requieren de la denuncia del perjudicado para poder perseguirlos, esto es, son delitos semipúblicos o, si se prefiere, semiprivados, salvo: 1) cuando los mismos se cometan en el ámbito de la violencia de género y doméstica (en cuyo caso, serán públicos); 2) o cuando el delito consista en el nuevo tipo de acoso (también delito público a efectos de su perseguibilidad). A priori podría parecer que la regla general es que los delitos leves son semipúblicos o semiprivados y que sólo existen las únicas dos excepciones indicadas en el Preámbulo; pero lo cierto es que, como ahora veremos, ni ésa es la regla general ni ésas son dos excepciones a la misma.
II.
CAMBIOS EN SEDE DE DELITOS GRAVES Y MENOS GRAVES
Tras una lectura del Preámbulo, uno podría creer que nada dice sobre los requisitos de perseguibilidad de los delitos graves y menos graves, y que ello se debe a que no existe reforma en este punto. Pero, quedando corroborado —tras analizar los preceptos reformados— que los delitos que había siguen igual clasificación atendiendo a los requisitos para su perseguibilidad, no es menos cierto que el mismo Preámbulo sí se refiere a cierto delito menos grave, a saber, el nuevo delito de acoso, aunque de forma poco apropiada parece referirse a él como delito leve, excepcionalmente de carácter público, en el apartado XXII, tal y como hemos tenido ocasión de pergeñar (10) .
Estamos ante un delito previsto en el art. 172 ter.1 (11) CP que sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (art. 172 ter. 4), salvo cuando el ofendido sea alguna de las personas a que se refiere el art. 173.2 (12) CP (art. 172 ter. 2 in fine), en cuyo caso el delito será considerado público. De ahí que los términos empleados por el Legislador en el Preámbulo (apartado XXII) de «en estos casos», haya que reconducirlos a los casos o «infracciones relacionadas con la violencia de género y doméstica» en lugar de con «la nueva categoría de delitos leves».
III.
CAMBIOS EN SEDE DE DELITOS LEVES
De las faltas que ha decidido mantener el Legislador como delitos leves, no todas siguen el mismo régimen de perseguibilidad que el que estaba previsto antes de la reforma. Para muestra, el botón al que se refiere expresamente el Legislador en el Preámbulo de la Ley de reforma: el delito leve de lesiones y maltrato de obra pasa a ser semipúblico o semiprivado (antes de la reforma era público). Ello se justifica bajo los siguientes términos: «En atención a la escasa gravedad de las lesiones y de los maltratos de obra, sólo van a ser perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Con ello se evita la situación actual, en la que un simple parte médico de lesiones de escasa entidad obliga al juez de instrucción a iniciar todo un proceso judicial y a citar al lesionado para que acuda obligatoriamente al juzgado a fin de hacerle el ofrecimiento de acciones como perjudicado, con los inconvenientes que ello le ocasiona. Parece más adecuado que sólo se actúe cuando el perjudicado interponga denuncia. Ahora bien, en los casos de violencia de género no se exigirá denuncia previa para perseguir las lesiones de menor gravedad y el maltrato de obra» (apartado XXXI del Preámbulo).
En relación con este último punto (la transformación de estos delitos a semipúblicos cuando se hayan cometido fuera de los ámbitos de violencia de género y doméstica), me gustaría hacer las siguientes reflexiones:
-
1) Podría en principio llamar la atención que el Preámbulo indique que, para perseguir estos delitos, cuando se cometan en el ámbito de la violencia de género, no se requerirá denuncia de la mujer agraviada y, sin embargo, posteriormente, el precepto dedicado a regular ambos delitos leves (previstos en el art. 147.2 y 3, respectivamente) no establezca situación excepcional alguna. Sin embargo, ello no debe a ningún descuido del Legislador, sino a que, como indica el Preámbulo, la falta prevista en el derogado apartado 2 del art. 617, «se agrava en el caso de víctimas vulnerables por el art. 153, al igual que las lesiones leves del apartado 2 del art. 147» (apartado XXXI); y, en consecuencia, estos delitos, si son cometidos en el ámbito de la violencia de género y doméstica, son delitos menos graves (en lugar de leves) de carácter público (repárese que estos delitos están previstos en el art. 153.1 y 2 y el mismo no establece expresamente requisito alguno para su perseguibilidad).
-
2) Y, aunque con este cambio se pretende evitar «la situación actual, en la que un simple parte médico de lesiones de escasa entidad obliga al juez de instrucción a iniciar todo un proceso judicial y a citar al lesionado para que acuda obligatoriamente al juzgado a fin de hacerle el ofrecimiento de acciones como perjudicado, con los inconvenientes que ello le ocasiona» (apartado XXXI, pfo. 11.º, del Preámbulo de la LO 1/2015 (LA LEY 4993/2015)), lo problemático es que ese deseo no ha ido acompañado de los cambios oportunos para que la reforma sea realmente efectiva. Y es que, considerando que en la práctica los facultativos de hospitales y centros de salud dan cumplimiento a la obligación impuesta por el art. 262 LECrim (LA LEY 1/1882)
(13) , remitiendo los partes de lesiones al mismo Juzgado de Instrucción (y no al Ministerio Fiscal ni a la Jefatura Superior de Policía) y que éstos apenas contienen información sobre las circunstancias del hecho delictivo y las personales de la víctima, el órgano judicial se verá igualmente desbordado por la necesidad de tener que investigar estos hechos aunque, tras la reforma, requieran (salvo en los ámbitos de la violencia de género y doméstica) de denuncia previa del ofendido para su persecución. En este sentido, podría haberse modificado el art. 262 a los efectos de exigir que estos partes se remitan necesariamente a la Jefatura Superior de Policía; aunque, en su defecto, esta medida siempre puede ser acordada por las Juntas de Jueces de Instrucción, como también la de exigir, tras los acuerdos oportunos con hospitales y centros de salud, que los partes de lesiones reflejen una información mínima proporcionada por la propia víctima que evite la práctica de diligencias innecesarias.
No se producen, sin embargo, cambios en sede de amenazas y coacciones de carácter leve, puesto que «se sancionan como subtipo atenuado en cada uno de los respectivos delitos, manteniéndose la exigencia de su persecución sólo a instancia de parte» (apartado XXXI del Preámbulo) cuando se cometan fuera de los ámbitos de la violencia de género y doméstica.
Nada más dice el Preámbulo sobre cambios en sede de delitos leves, por lo que podría pensarse que las modificaciones afectan únicamente a las lesiones y maltrato de obra.
Sin embargo, llama también enormemente la atención que, dentro de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Título XIII), el concreto delito leve de usurpación (Capítulo V), previsto en el art. 246.2 CP (LA LEY 3996/1995) (relativo a alterar términos o lindes con utilidad reportada no superior a 400 euros), anteriormente constitutivo de una falta de carácter semipública o semiprivada ex art. 624.1 (14) CP, parece haber pasado a constituir un delito público. Y ello porque nada se dice, como sí hacía el anterior art. 624.1 CP (LA LEY 3996/1995), sobre la necesidad de que exista denuncia del perjudicado para poder perseguir el delito. Y ya sabemos que, cuando la Ley no fija expresamente requisito alguno para la perseguibilidad de un delito, significa su consideración como público.
Podría pensarse que, pese a dicho silencio, ha sido voluntad del Legislador efectuar tal cambio. Sin embargo, esta interpretación no casa muy bien con los deseos expresados en el Preámbulo de la Ley de que «la nueva categoría de delitos leves requiera, con carácter general, de la denuncia previa del perjudicado» (apartado XII) y con que el delito leve de lesiones y maltrato de obra pase de público a ser semipúblico o semiprivado (apartado XXXI). Parece más bien un descuido del Legislador.
En consecuencia, hay que concluir que, de lege lata, ya no cabe el perdón del ofendido en relación con este controvertido delito leve previsto en el art. 246.2 CP. (LA LEY 3996/1995) Según la nueva redacción del art. 130.1.5.º (15) CP, en principio cabe el perdón del ofendido «cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias del agraviado o la ley así lo prevea». Por tanto, como ahora estamos ante un delito público, no es posible el perdón del ofendido.
No obstante, estamos ante puntos oscuros que, si bien en relación con delitos que desde un punto de vista estadístico o práctico poco se cometen, debería haber aclarado el Legislador para garantizar la plena seguridad jurídica y sobre los que nada se dice a lo largo de la tramitación parlamentaria de la LO 1/2015 (LA LEY 4993/2015).
Por otro lado, recordemos —así lo avanzábamos en la introducción— que el Preámbulo (apartado XXII) fija la regla general de que los delitos leves son semipúblicos o semiprivados. Pero, si tenemos cuenta la totalidad de delitos leves recogidos en el Código Penal (más de 20) (16) , los que se configuran como semipúblicos o semiprivados (tan sólo 7) son claramente la minoría.
Asimismo, también hemos visto que en igual apartado del Preámbulo se configura, como excepción a la criticada regla general, la no exigencia de denuncia de la persona perjudicada para perseguir delitos leves cometidos en el ámbito de la violencia de género o doméstica. Sin embargo, ello tampoco es así en toda infracción relacionada con la violencia de género y doméstica: mientras sí lo es cuando el delito leve perpetrado es el de amenazas de modo leve (previstas en el art. 171.7 (LA LEY 3996/1995), 2.º CP) o coacciones de carácter leve (previstas en el art. 172.3 (LA LEY 3996/1995), 2.º CP), no lo es cuando el delito es el de injuria o vejación injusta de carácter leve sobre alguna de las personas a que se refiere el art. 173.2 CP (LA LEY 3996/1995) (art. 173.4, 1.º), porque sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (art. 173.4 (LA LEY 3996/1995), 2.º CP), tal y como ha venido sucediendo ex art. (LA LEY 3996/1995)
620, 2.º in fine CP.
Para acabar, conviene decir que, en términos comparativos con la anterior regulación del CP, las únicas faltas de carácter semipúblico o semiprivado que se han mantenido con igual carácter (si bien como delitos leves) son la amenaza, coacción, injuria y vejación injusta de carácter leve (previstas en el anterior art. 620 CP (LA LEY 3996/1995)), aunque tales injurias y vejaciones únicamente constituyen ahora infracciones delictivas si se producen en el ámbito de la violencia de género y doméstica (17) . Ya sabemos que los nuevos delitos leves de lesiones y maltrato de obra (previstas en el derogado art. 617.1 y 2, respectivamente) antes eran públicos y ahora semipúblicos o semiprivados. Y, aunque también se articulan como delitos leves de carácter semipúblico o semiprivado las lesiones causadas por imprudencia menos grave (previstas en el art. 152.2 CP (LA LEY 3996/1995)), lo cierto es que este tipo delictivo nada tiene que ver con la falta de lesiones prevista en el derogado art. 621.1 CP (LA LEY 3996/1995)
(18) : mientras ésta consistía en causar por imprudencia grave alguna de las lesiones previstas en el art. 147.2 (19) , el actual delito leve de lesiones por imprudencia menos grave consiste en causar, concurriendo esta imprudencia, alguna de las lesiones a que se refieren los arts. 149 (20) y 150 (21) .
IV.
LA NUEVA CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS ATENDIDA SU PERSEGUIBILIDAD: DELITOS PÚBLICOS, SEMIPÚBLICOS O SEMIPRIVADOS Y PRIVADOS TRAS LA RECIENTE LEY DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
Tras la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo (LA LEY 4993/2015), y estudiar el nuevo articulado, las distintas clases de delitos, atendida su perseguibilidad o a los requisitos para su perseguibilidad, quedan de la siguiente manera:
1.
Delitos privados
Los únicos delitos privados existentes son los de calumnia (Capítulo I) e injuria contra particulares (22) (dentro de los delitos contra el honor, regulados en el Título XI del Libro II); delitos para cuya persecución se requiere querella del ofendido o de su representante legal (art. 215.1 CP (LA LEY 3996/1995)), no siendo parte del procedimiento penal correspondiente el Ministerio Fiscal.
Ahora bien, tras la modificación operada por la LO 1/2015 (LA LEY 4993/2015) en el art. 13.4 CP, tanto las calumnias como las injurias (Capítulo II) pueden ser constitutivas de delitos menos graves y leves. Recordemos que, según la nueva redacción de este precepto, «cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve».
a)
Delitos menos graves
Se trata de los delitos menos graves castigados en los arts. 206 (calumnia) y 209 (injurias graves hechas con publicidad). En virtud del primero, «las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses». Por su parte, a tenor del segundo, «las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses».
b)
Delitos leves
Como acaba de verse, ex art. (LA LEY 3996/1995)
209 CP, las injurias graves hechas sin publicidad, se castigan con la pena de multa de tres a siete meses, por lo que debe considerarse como un delito leve (23) .
Por otro lado, tanto la calumnia propagada sin publicidad como la injuria grave —hecha con o sin publicidad—, deberán considerarse un delito leve cuando el acusado «reconociere ante la autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las imputaciones y se retractare de ellas», pues en tal caso «el Juez o Tribunal impondrá la pena inmediatamente inferior en grado y podrá dejar de imponer la pena de inhabilitación que establece el artículo anterior» (art. 214 (LA LEY 3996/1995), 1.º CP). Si aplicamos dicha pena inferior en grado, tanto a la pena de multa prevista en abstracto para la calumnia sin publicidad como para la injuria grave (las ya vistas, contempladas en los arts. 206 y 209), estaríamos ante delitos leves. En efecto, de conformidad con el art. 70.1.2.ª CP (LA LEY 3996/1995), la pena resultante para el delito de calumnia sin publicidad sería de tres meses a seis meses menos un día; para la injuria grave con publicidad, de tres a seis meses menos un día; y, para la injuria grave sin publicidad, de un mes y medio a tres meses menos un día.
En consecuencia, adviértase que, al tratarse de delitos leves privados, deberán perseguirse —formulando querella— a través del correspondiente procedimiento para el juicio sobre delitos leves (anterior juicio de faltas, aunque con cambios trascendentales, tales como el principio de oportunidad, introducidos por la LO 1/2015 (LA LEY 4993/2015)), aunque posiblemente no fue voluntad del Legislador introducir un cambio de procedimiento para el enjuiciamiento de estos delitos leves (antes de la reforma, menos graves (24) . Digo esto porque, según el Preámbulo de dicha LO, «la reforma se completa con una revisión de la regulación del juicio de faltas que contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), que continuará siendo aplicable a los delitos leves» (apartado XXXI). Pero, aunque este cambio no estuviera en la mente del Legislador (hablamos inclusive de una injuria grave sin publicidad), lo cierto es que deriva del nuevo art. 13.4 CP (LA LEY 3996/1995) y, para el caso de los subtipos penales atenuados a que se refiere el art. 214 (LA LEY 3996/1995), 1.º CP, también deriva de la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/1989, de 8 de marzo, sobre el Procedimiento Abreviado introducido por la LO 7/1988, de 28 de diciembre (LA LEY 2404/1988), según la cual «cuando la elevación o degradación de la pena base se impone necesariamente en función de determinadas circunstancias concurrentes, nos encontramos ante un subtipo, cuya pena es la así fijada por lo que debe ser ésta la que determine objetivamente la competencia»
(25) .
Dicho lo anterior, es difícil pasar por alto que el acusado puede reconocer la falsedad de las imputaciones y retractarse de ellas en el mismo acto del juicio oral del procedimiento abreviado correspondiente ya iniciado (26) , modificando la defensa en este sentido sus calificaciones definitivas: de ser así, si por economía procesal el juez entra a resolver el fondo del asunto dictando sentencia que ponga fin al citado procedimiento abreviado (en lugar de transformarlo en un procedimiento para el juicio sobre delitos leves), no procedería declarar nulo lo actuado por no haberse sustanciado el procedimiento adecuado ante el juez competente (el Juzgado de Instrucción en lugar del Juzgado de lo Penal) conforme al art. 238.1.º LOPJ (LA LEY 1694/1985). Ello porque, además de existir dudas (las que intento aclarar) sobre el Tribunal competente para conocer del caso, en un procedimiento abreviado las garantías procesales son mayores que en un juicio de delitos leves. Y, en este sentido, a pesar de haberse prescindido de normas esenciales del procedimiento, por el simple hecho de no haberse tramitado el proceso correspondiente no se habría causado indefensión (art. 238.3.º LOPJ (LA LEY 1694/1985)).
2.
Delitos semipúblicos o semiprivados
Antes de exponer los existentes, adviértase que la LO 1/2015 (LA LEY 4993/2015) ha reformado la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) y, por lo que ahora interesa, el art. 105, para indicar en su apartado 2.º lo siguiente:
«En los delitos perseguibles a instancias de la persona agraviada también podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida.
La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de diligencias a prevención».
Con independencia de lo discutible que es la utilización del verbo «podrá» en lugar del imperativo «deberá» (que ha venido contemplando el art. 105 in fine) (27) , ahora interesa destacar lo poco apropiado que resulta que el Legislador indique en el Código Penal que el Ministerio Fiscal puede denunciar cuando la persona agraviada sea un menor de edad, persona necesitada de especial protección o desvalida al regular sólo ciertos tipos penales (en los términos indicados infra) y no lo haga al regular todos y cada uno de ellos y, en concreto, en relación con el nuevo delito de acoso y los delitos leves (excepto el de daños causados por imprudencia grave cuya cuantía supere los 80.000 euros y el relativo al mercado y a los consumidores previsto en el art. 286.4 CP (LA LEY 3996/1995), respecto de los que sí se pergeña). Podría el Legislador haber optado por introducir dicha previsión únicamente en el art. 105.2 LECrim (LA LEY 1/1882), eliminando las referencias en este sentido contenidas en el CP; pero, si ha preferido redundar en ello, entiendo debería haberlo hecho en la totalidad de delitos semipúblicos o semiprivados.
a)
Delitos graves y menos graves
— Dentro de los delitos relativos a la manipulación genética (Título V del Libro II), el delito grave de reproducción asistida sin consentimiento de la mujer. Repárese que, aunque en principio para perseguir este delito grave (28) se requiere denuncia de la persona agraviada o su representante legal, también es posible perseguirlo cuando el Ministerio Fiscal formule denuncia cuando las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad o desvalidas (art. 161.2 CP (LA LEY 3996/1995)).
— Dentro de los delitos contra la libertad (Título VI del Libro II) y, en concreto, dentro de los delitos de coacciones (Capítulo III), el nuevo delito de acoso (menos grave (29) previsto en el art. 172 ter.1 CP (LA LEY 3996/1995) sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (art. 172 ter. 4), salvo cuando el ofendido sea alguna de las personas a que se refiere el art. 173.2 CP (LA LEY 3996/1995) (art. 172 ter. 2 in fine), en cuyo caso el delito será considerado público.
— Dentro de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (Título VIII del Libro II), las agresiones, acoso y abusos sexuales. Repárese que, aunque en principio para perseguir estos delitos (que pueden ser graves o menos graves, a excepción del acoso sexual, que es siempre menos grave) se requiere denuncia de la persona agraviada o su representante legal, también es posible perseguirlos cuando el Ministerio Fiscal formule querella o, cuando las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad o desvalidas, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal (art. 191.1 CP (LA LEY 3996/1995)).
— Dentro de los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio (Título X del Libro II), el descubrimiento y revelación de secretos (Capítulo I), sin perjuicio de las observaciones que infra haré (al exponer los delitos leves) con respecto a los arts. 197 bis y 197 ter. Repárese que, aunque en principio para perseguir estos delitos (que pueden ser graves o menos graves) se requiere denuncia de la persona agraviada o su representante legal, también es posible perseguirlos cuando el Ministerio Fiscal formule denuncia por tratarse las víctimas de menores de edad, personas con discapacidad o desvalidas (art. 201.1 CP (LA LEY 3996/1995)). Y téngase también en cuenta que «no será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por los hechos descritos en el art. 198 de este Código, ni cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas» (art. 201.2).
— Dentro de los delitos contra las relaciones familiares (Título XII del Libro II) y, a su vez, dentro de los delitos contra los derechos y deberes familiares (Capítulo III), en concreto, los de abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección (Sección 3.ª). Repárese que, aunque en principio para perseguir estos delitos (que pueden ser graves o menos graves) se requiere denuncia de la persona agraviada o su representante legal, también es posible perseguirlos cuando el Ministerio Fiscal formule denuncia por tratarse las víctimas de menores de edad, personas con discapacidad o desvalidas (art. 228 CP (LA LEY 3996/1995)).
— Dentro de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Título XIII del Libro II) y, a su vez, dentro de los delitos relativos a la propiedad intelectual, a la propiedad industrial y al mercado y a los consumidores (Capítulo XI), los relativos al mercado y a los consumidores (Sección 3.ª), excepto los previstos en los arts. 284 y 285 (por tratarse de delitos públicos) y en el art. 286.4 (por tratarse ahora de un delito leve, como se verá infra). Repárese que, aunque en principio para perseguir estos delitos (que pueden ser graves o menos graves) se requiere denuncia de la persona agraviada o su representante legal, también es posible perseguirlos cuando el Ministerio Fiscal formule denuncia por tratarse las víctimas de menores de edad, personas con discapacidad o desvalidas (art. 287.1 CP (LA LEY 3996/1995)). Y nótese que «no será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas» (art. 287.2).
— Dentro de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Título XIII del Libro II), los delitos societarios (Capítulo XIII), delitos menos graves que sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal; aunque, cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal (art. 296.1 CP (LA LEY 3996/1995)). Y téngase en cuenta que «no será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas» (art. 296.2).
b)
Delitos leves
b.1)
Supuestos claros
— Dentro del homicidio y sus formas (Título I del Libro II), el delito leve de homicidio por imprudencia menos grave (previsto en el art. 142.2 CP (LA LEY 3996/1995)) sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (art. 142.2 in fine del CP (LA LEY 3996/1995)) (30) . En principio este delito se castiga con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses, aunque también cabrá imponer las penas (menos graves) de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses (cuando el homicidio se cometa utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor) o de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses (cuando el homicidio se cometa utilizando un arma de fuego).
— Dentro de las lesiones (Título III del Libro II), el delito —doloso— leve de lesiones (previsto en el art. 147.2 CP (LA LEY 3996/1995)) y el delito —doloso— leve de maltrato de obra (previsto en el art. 147.3 CP (LA LEY 3996/1995)) sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (art. 147.4 CP (LA LEY 3996/1995)). El primero de ellos se trata de un delito leve consistente en causar a otro una lesión no incluida en el art. 147.1 como delito menos grave (por no requerir tratamiento médico o quirúrgico para su curación), siendo castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Por su parte, el segundo consiste en golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión, estando castigado con la pena de multa de uno a dos meses. Ambos son delitos leves semipúblicos o semiprivados que antes de la reforma constituían faltas de carácter público.
— También dentro de las lesiones (Título III del Libro II), el delito —esta vez cometido por imprudencia menos grave— leve de lesiones (previsto en el art. 152.2 CP (LA LEY 3996/1995), consistente en causar, concurriendo dicha imprudencia, alguna de las lesiones a que se refieren los arts. 149 y 150) sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (art. 152.2 in fine CP (LA LEY 3996/1995)) (31) . Este delito leve se castiga en principio con una pena de multa de tres meses a doce meses, aunque también cabe imponer las penas (leves) de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a doce meses (cuando las lesiones se cometan utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor) o de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año (cuando las lesiones se cometan utilizando un arma de fuego).
— Dentro de los delitos contra la libertad (Título VI del Libro II), los de amenazas (Capítulo II) de modo leve previstas en el art. 171.7 (LA LEY 3996/1995), 1.º CP, serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (pfo. 1.º de dicho precepto), salvo cuando el ofendido sea alguna de las personas a que se refiere el art. 173.2 CP (LA LEY 3996/1995) (pfo. 2.º de dicho precepto) (32) , en cuyo caso el delito será considerado público. Estos delitos leves de amenazas (fuera del ámbito de la violencia de género y doméstica) se castigan con la pena de multa de uno a tres meses.
— Dentro de los delitos contra la libertad (Título VI del Libro II), los de coacciones (Capítulo III) de carácter leve previstas en el art. 172.3 (LA LEY 3996/1995), 1.º CP, serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (pfo. 1.º de dicho precepto), salvo cuando el ofendido sea alguna de las personas a que se refiere el art. 173.2 CP (LA LEY 3996/1995) (pfo. 2.º de dicho precepto) (33) , en cuyo caso el delito será considerado público. Estos delitos leves de coacciones (fuera del ámbito de la violencia de género y doméstica) se castigan con la pena de multa de uno a tres meses.
— Dentro de las torturas y otros delitos contra la integridad moral (Título VII del Libro II), los delitos leves de injuria o vejación injusta de carácter leve sobre alguna de las personas a que se refiere el art. 173.2 CP (LA LEY 3996/1995) (art. 173.4, 1.º) sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (art. 173.4, 2.º). Estos delitos se castigan «con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del art. 84»
(34) .
— Dentro de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Título XIII del Libro II), los delitos de daños causados por imprudencia grave cuya cuantía supere los 80.000 euros, que serán castigados con pena de multa de 3 a 9 meses según la importancia de los mismos. Repárese que, aunque en principio para perseguir estos delitos leves (antes de la reforma, considerados delitos menos leves) se requiere denuncia de la persona agraviada o su representante legal, también es posible perseguirlos cuando el Ministerio Fiscal formule denuncia por tratarse las víctimas de menores de edad, personas con discapacidad o desvalidas (art. 267 CP (LA LEY 3996/1995)).
— También dentro de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Título XIII del Libro II) y, a su vez, dentro de los delitos relativos a la propiedad intelectual, a la propiedad industrial y al mercado y a los consumidores (Capítulo XI), el relativo al mercado y a los consumidores (Sección 3.ª) previsto en el art. 286.4 CP. (LA LEY 3996/1995) A tenor literal de este precepto, «a quien utilice los equipos o programas que permitan el acceso no autorizado a servicios de acceso condicional o equipos de telecomunicación, se le impondrá la pena prevista en el art. 255 de este Código con independencia de la cuantía de la defraudación», esto es, «la pena de multa de tres a doce meses» (así hay que entender la remisión hecha al art. 255, como una remisión a su primer apartado). Repárese que, en buena técnica legislativa, el Legislador debería haber modificado este art. 286.4 para hacer constar en el mismo una remisión al «art. 255.1 de este Código».
Por lo demás, ya sabemos que, aunque en principio para perseguir estos delitos previstos en la Sección 3.ª (salvo los contemplados en los arts. 284 y 285) se requiere denuncia de la persona agraviada o su representante legal, también es posible perseguirlos cuando el Ministerio Fiscal formule denuncia por tratarse las víctimas de menores de edad, personas con discapacidad o desvalidas (art. 287.1 CP (LA LEY 3996/1995)). Y nótese que «no será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas» (art. 287.2).
b.2)
Supuestos dudosos
— Dentro de los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio (Título X del Libro II) y, en concreto, sobre descubrimiento y revelación de secretos (Capítulo I), los delitos leves (introducidos ex novo por la LO 1/2015 (LA LEY 4993/2015)) previstos en los arts. 197 bis (exactamente, en el apartado 2.º) y 197 ter, fíjese que podrían llegar a considerarse como delitos leves. El art. 197 bis presenta la siguiente redacción:
«1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.
2. El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos, será castigado con una pena de prisión de tres meses a dos años o multa de tres a doce meses».
Por su parte, el art. 197 ter postula:
«Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los apartados 1 y 2 del art. 197 o el art. 197 bis:
a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer dichos delitos; o
b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información».
Como se ve, atendida la pena alternativa de multa de ambos tipos penales (la de prisión es sin duda menos grave), cuyo límite inferior es de tres meses, podrían llegar a calificarse estos delitos como leves en aplicación del art. 13.4 CP. (LA LEY 3996/1995) Sin embargo, somos conscientes de que estamos ante una cuestión polémica, no aclarada por el Legislador (al existir dos penas previstas de forma alternativa y ser una menos grave y la otra leve) y que, en mi opinión, debería resolverse entendiendo que estamos ante delitos menos graves (35) . Y ello porque el propio Preámbulo avanza, en relación con la nueva categoría de delitos leves, que «en general se recurre a la imposición de penas de multa, que se estiman más adecuadas para sancionar infracciones de escasa entidad» (apartado XXXI), no siendo así si la pena impuesta en abstracto para ese delito (sea conjunta o alternativa a la de multa) es la de prisión: el delito penado con ésta debería considerarse menos grave; y, en consecuencia, perseguirse a través del correspondiente procedimiento abreviado por el Juzgado de lo Penal, órgano competente —no lo olvidemos— «para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de éstas no exceda de diez años» (art. 14.3 LECrim (LA LEY 1/1882)).
La reciente Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2015, de 19 de junio, sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal operada por la LO 1/2015 (LA LEY 4993/2015), opta, en relación con los delitos con pena compuesta, sea conjunta o alternativa, por la interpretación de considerar el delito como leve sólo cuando todas las penas que tengan asignadas incluyan o estén íntegramente comprendidas en los tramos leves definidos en el art. 33.4 CP (LA LEY 3996/1995); de forma que, si alguna o algunas (como sucede en relación con los tipos penales previstos en el apartado 2.º del art. 197 bis (LA LEY 3996/1995) y 197 ter CP (LA LEY 3996/1995)) tienen prevista una extensión comprendida íntegramente en los tramos menos graves del art. 33.3 CP (LA LEY 3996/1995), prevalecerá el art. 13.2 CP (LA LEY 3996/1995) y el delito deberá considerarse menos grave. Tal interpretación se encuentra en coherencia con lo pergeñado en la Circular 1/2003, de 7 de abril, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado, dado que en virtud de la misma, en caso de delitos castigados con varias penas, basta con que una sobrepase los límites del procedimiento para que no quepa su incoación (36) .
3.
Delitos públicos
Todos los demás.
V.
REFLEXIONES FINALES
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (LA LEY 4993/2015), por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre (LA LEY 3996/1995), del Código Penal, introduce importantes transformaciones sustantivas y procesales, incluso en relación con los requisitos de perseguibilidad de los distintos tipos de delitos.
La nueva regulación al respecto está clara —se agradece— en sede de perseguibilidad de los delitos graves y menos graves, pues la única novedad en esta materia consiste en la introducción de un nuevo delito menos grave de carácter semipúblico o semiprivado, el de acoso. Los mayores cambios y, lamentablemente, los mayores problemas interpretativos, se producen en sede de los delitos leves y de su clasificación atendiendo a su perseguibilidad.
Es cierto que, frente a la anterior regulación, aplicando el nuevo art. 13.4 CP (LA LEY 3996/1995), aumenta el número de delitos leves y, dentro de éstos, los de carácter semipúblico o semiprivado. Pero ya no lo es tanto que la denuncia de la víctima o persona agraviada constituya, en la mayoría de estos delitos, requisito para su perseguibilidad, a pesar de que así se diga expresamente en el Preámbulo de la indicada Ley Orgánica; como tampoco es verdad que la denuncia no se exija en todo delito leve relacionado con la violencia de género y doméstica (a pesar de que así pudiera parecer con una simple lectura del Preámbulo). Guarda, sin embargo, silencio dicho Preámbulo sobre la transformación en público del delito leve (antes, falta semipública o semiprivada) relativo a alterar términos o lindes con utilidad reportada no superior a 400 euros; al igual que sobre la consideración como privados de ciertos delitos leves (determinadas calumnias e injurias) que hasta ahora eran considerados delitos menos graves de igual carácter privado. Posiblemente estos dos silencios se deban a que no pretendió conscientemente el legislador realizar dichos cambios, constituyendo descuidos.